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Justicia Uruguaya suspende la √@Kvn@Clòn y  pide al gobierno y a Pfizer aclarar componentes de la misma.

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Funcionarios del gobierno uruguayo y Pfizer comparecieron el miércoles ante el tribunal después de que un juez les dio 48 horas para presentar información detallada sobre la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

mientras que el tribunal considera una solicitud de medida cautelar para suspender las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 años en adelante.

El juez Alejandro Recarey del Tribunal Contencioso Administrativo utilizó sus facultades inquisitoriales para exigir al Ministerio de Salud Pública de Uruguay, a la Administración de Servicios de Salud del Estado y a la Presidencia de la República.

 toda la información relativa a los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19, incluida la información contractual relacionada con cualquier cláusulas de responsabilidad civil o impunidad penal de los proveedores en caso de efectos adversos.

Según una orden judicial emitida el sábado, el juez Recarey ordenó a Pfizer y a los funcionarios del gobierno que:

  • Aportar copias certificadas íntegras y íntegras de “todos y cada uno de los contratos de compraventa (así como cualquier otro acuerdo de negociación relacionado), de las denominadas vacunas anti-COVID que haya suscrito, posea o simplemente esté a su alcance. ”
  • Explique si “estos instrumentos” contienen cláusulas de “indemnización civil y/o impunidad penal de los proveedores frente a la ocurrencia de posibles efectos adversos”.
  • Brindar amplio detalle sobre la composición bioquímica de las “llamadas vacunas contra el SARS-CoV-2 en suministro a la población nacional, en especial la dirigida a los niños”.
  • Explique si las “diferentes dosis se distribuyen en lotes o elementos (diferentes) diferenciales”, y en caso afirmativo, “aclare por qué razón y según qué criterios, cada una se proporcionaría a diferentes niveles de población, si los medicamentos en cada lote son diversos por su contenido y cómo y para quién serían distinguibles. Si “resulta la existencia real de diferentes lotes”, se “solicitan dosis de cada uno para peritaje judicial”.
  • Especifique si las “llamadas vacunas” contienen ARN mensajero explicando, si es necesario, qué significa eso. Explique qué “consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas, adversas o no, [el ARNm] puede tener para la persona inoculada con él. Habría que precisar respecto de esto último, y en hipótesis negativa en cuanto a supuestos perjuicios, si efectivamente existe —con rigor científico— la posible seguridad del ARN mensajero, o si simplemente existe falta de información al respecto. .”
  • Indique “muy específicamente y más allá de lo indagado, se solicita que se diga si se le conoce que las rotuladas como vacunas contienen o pueden contener elementos nanotecnológicos. Aclarando, en caso contrario, si tal temperamento surgiría de una constatación efectiva de su ausencia, o del mero desconocimiento de los componentes de las referidas sustancias ‘vacunales’.”
  • Certificar si las sustancias contenidas en las “llamadas vacunas” suministradas en Uruguay son experimentales o no. Es decir, “explicar de forma completa y detallada si están aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), u organismo equivalente, según los protocolos habituales, o si cuentan con algún otro tipo de permiso de emergencia”. De ser así, explique “otorgado por quién y con qué garantías y en base a qué normativa”.

En definitiva, “debe responder también si tiene conocimiento de que el fabricante y/o proveedor, o cualquier organismo académico o gubernamental (nacional o extranjero), ha admitido —de cualquier forma que sea— el carácter experimental de las referidas vacunas”. .”

  • Presentar información completa y actualizada en su poder sobre “lo que científicamente se sabe —y lo que no se sabe— sobre la efectividad de las etiquetadas como vacunas” y sus posibles efectos adversos a corto, mediano y largo plazo.
  • “Aportar cifras oficiales que demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en el número de contagios y muertes diagnosticadas por COVID desde el inicio de la campaña hasta la fecha”.
  • Indicar si “se han realizado estudios para explicar el aumento notorio de muertes por COVID-19 desde marzo de 2021 o si se tiene información —con suficiente sustento y evidencia científica— al respecto”.
  • Brindar información sobre el total de muertes en Uruguay por COVID-19 desde el inicio de la “llamada pandemia”, la edad promedio mundial y cuántas fueron por “COVID-19 en relación de causalidad exclusiva” y cuántas fueron “con COVID-19”, es decir, con la presencia del virus, pero no fue la principal causa de muerte.
  • “Demostrar científicamente, con evidencia de estudios nacionales o internacionales que se hayan realizado, si el estado de no vacunado representa un riesgo para la salud de toda la población o de terceros”.

De ser el caso, se requerirán otras dos cosas: la determinación y demostración del grado de peligrosidad, y la razón que explique por qué, si eventualmente así fuera, no se hubiera ordenado la vacunación. Demostrar si tanto los vacunados como los no vacunados infectan por igual. Si no lo hacen, explique cómo sería esto y en qué proporciones, y pruebe lo que se dice.

  • Esclarecer las razones de la “falta de consentimiento informado previo, en relación con el acto componentes de lo que el propio gobierno presenta como una campaña de vacunación”.
  • “Detalle, con nombre y apellidos, la identidad de los técnicos profesionales que hayan dirigido y dirijan la referida campaña, o quienes hayan brindado asesoría a cualquier nivel.”

Proporcionar también datos relevantes de su ubicación “para su interrogatorio judicial, agregando a la información requerida, datos sobre si alguno de ellos forma parte de alguna organización gubernamental o paragubernamental extranjera, o ha trabajado para alguna de ellas de alguna forma, o, en su caso, gestionar en una empresa multinacional” enfocada a la salud. “Detalle, en su caso, los nombres de las personas y de las organizaciones o empresas involucradas.”

  • Explique si se han estudiado terapias alternativas para COVID-19 para alguna variante. Si no, aclare por qué no se exploraron. “Si es positivo, dé los resultados de la investigación, dando cuenta de si se usaron en Uruguay o no”.

Para esta última opción, indique las razones que se habrían tomado para descartar el uso de terapias alternativas, agregando si “se sabe o no que se han utilizado en otros países con éxito, siendo relativo, o no”.

La orden también requería que Pfizer declarara dentro de las 48 horas si ha “admitido, en cualquier área, interna o externa a ella y sus socios, la verificación de efectos adversos” de sus vacunas COVID-19 en niños.

Escenario Final News.

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